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El Derecho al Agua: Cumplir la promesa

El agua es un recurso natural limitado y un bien público esencial para la vida y la salud. El derecho del hombre a tener agua es indispensable para llevar una vida digna. El agua, su infraestructura y servicios, deben estar al alcance de todos.

Escrito por Jim Shultz

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas,  noviembre de 2002

¿Qué se necesita para convertir estas nobles palabras en hechos reales para la gente pobre que vive en América Latina y en el resto del mundo?

“Más de mil millones de personas que habitan el planeta —una sexta parte de la población mundial— carecen diariamente de acceso a un elemento básico y vital: el agua. En América Latina, más de 75 millones de personas carecen de agua”.1 Más de 2 500 millones de hombres, mujeres y niños de todo el mundo (116 millones de América Latina) carecen de servicios suficientes de desagüe y saneamiento.2En los países empobrecidos, las madres deben trasladarse acarreando pesados atados de ropa con sus hijos a la zaga, para lavarla en ríos y arroyos, y deben llevar baldes de agua aún más pesados al hogar, para cocinar e higienizarse.

Estas grandes dificultades están entre las menos importantes del cúmulo de problemas y privaciones derivados de la falta de acceso al agua. Anualmente, mueren más de dos millones de personas, niños en su mayoría, debido a enfermedades causadas por el agua, como la diarrea y el cólera.3 En Bolivia, el país donde vivo, casi uno de cada 10 niños muere antes de cumplir los cinco años; las enfermedades causadas por el agua predominan entre las causas de estas muertes.4

¿Cómo podemos salvar la distancia sideral entre la declaración del agua como derecho humano y su cumplimiento? Ésta es la gran pregunta sobre los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en general y, en particular, sobre el derecho al agua, en los albores del siglo XXI. A través de tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), los gobiernos de los diversos países han asumido la obligación jurídica y moral de cumplir con una serie de compromisos. ¿A través de qué políticas de orden público — globales, nacionales y locales— podremos garantizar el cumplimiento de tales compromisos?

No hay mucho que debatir sobre si es necesario extender el abastecimiento de agua potable y los servicios de saneamiento a las poblaciones pobres de todo el mundo, pero sí hay un debate que se agiganta y exige respuestas urgentes sobre las estrategias apropiadas para lograrlo. En el centro de este debate encontramos algunas preguntas básicas que trataremos de responder en este artículo a través de ejemplos y análisis. Nos preguntamos si la extensión del abastecimiento de agua potable y de los servicios de saneamiento a las poblaciones pobres del mundo obliga a privatizar los recursos mundiales de agua, es decir, a transformar el agua en un artículo que pertenezca a empresas privadas y sea administrado por éstas. ¿Cuánto pagaría el pobre por el abastecimiento de agua potable?, ¿el costo real del servicio o algo menos? Si el pobre paga menos que el costo total, ¿quién paga el remanente y de qué forma?

Por último, en una época en la que los acuerdos globales sobre derechos humanos se ven cada vez más eclipsados por acuerdos globales económicos que bregan por distintos intereses (en particular, el derecho al agua), ¿qué estrategia aplicaría la comunidad que está a favor de los derechos humanos, para hacer de éstos la primera prioridad?

La lucha por la privatización del agua

En el mundo —y América Latina no es la excepción— se libra una gran batalla, en un segundo plano, para convertir el agua en un artículo privado, es decir, para ponerla bajo el control de empresas privadas, con un precio acorde con lo que dicte el mercado, y hacer que el usuario, incluido el pobre, pague el costo real de abastecimiento. Ese avance hacia la privatización es liderado por el Banco Mundial y por empresas multinacionales, como Bechtel, que vislumbran décadas de negocios rentables valiéndose del control y de la venta de ese recurso natural.

Quienes defienden la privatización del agua fundan su posición en un simple argumento lógico. Remarcan que el desafío de abastecer a vastas poblaciones que carecen de este recurso es enorme para las naciones pobres; supone una tarea de infraestructura y financiamiento compleja y extremadamente onerosa. Según los funcionarios del Banco Mundial “pocos países cuentan con los recursos necesarios o con una administración del sector público poderosa para realizar la tarea solos; por consiguiente, para construir, mantener y administrar los sistemas de agua, recurren a asociaciones entre empresas de servicios del Estado y empresas privadas”.5

Los defensores de la privatización sostienen que, al poner el agua en manos privadas que buscan rentabilidad, los países pobres reciben tres elementos que necesitan desesperadamente para cubrir sus necesidades. Primero, acceso a la inversión de capitales privados que es, a su criterio, imprescindible para financiar la expansión del sistema de agua; segundo, funcionarios capacitados del sector privado que cumplen la función administrativa con más honradez y eficiencia que los sistemas públicos que en los países pobres, frecuentemente impregnados de la corrupción local; tercero, acceso a asistencia técnica capacitada, esencial para la administración y expansión de los servicios de agua.6

Por medio de las políticas globales, el banco también promueve activamente un criterio de recuperación del “costo total”, lo que obliga al consumidor a soportar la carga total del financiamiento del sistema, que incluye infraestructura de alto costo y rentabilidad de la inversión privada. Los funcionarios del banco advierten que si el consumidor no se ve obligado a pagar un alto precio por el agua, la desperdicia.

Las palabras del presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, fueron: “…y el problema más importante respecto al agua es el desperdicio por no tener que pagarla”.7

El Banco Mundial está tan convencido de los beneficios y bondades de su régimen de privatización del agua que coacciona a los estados pobres para que lo adopten. Esto lo sitúa en un lugar ineludible a la hora de solicitar ayuda para privatizar y fijar los precios de mercado para el agua. Uno tras otro han pasado los gobiernos a los que el Banco Mundial empujó a la privatización y, al menos en un país, los resultados han sido trágicos, incluso letales.

Bolivia y la revuelta contra la privatización del agua

Ningún lugar del mundo se convirtió en un símbolo más visible de la lucha por el control del agua como la pequeña ciudad andina de Cochabamba, en Bolivia. Bolivia es la nación más pobre de América, con el mayor porcentaje de habitantes autóctonos del continente (61.8% de la población).8 Su historia de cinco siglos, que comienza con la llegada de los españoles, es el cuento de un país lleno de recursos naturales robados por los imperios extranjeros. “Cerro Rico”, el cerro ubicado en las afueras de la ciudad de Potosí, sostuvo al Imperio español casi por sí mismo, durante tres siglos, con sus yacimientos de plata trabajados por mano de obra indígena y esclava (con la consiguiente muerte de millones de esos obreros).9

Cochabamba, la tercera ciudad más importante de Bolivia (población: 600 mil habitantes), creció rápidamente durante más de una década. Con la caída de la industria minera que alguna vez predominó en el país y el aumento de los problemas cotidianos en el campo, cientos de miles de bolivianos se mudaron a la ciudad de clima moderado en busca de oportunidades económicas, y generaron una expansión descontrolada de nuevos vecindarios que carecían de agua potable y servicios de saneamiento.

SEMAPA (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Cochabamba), el sistema público que administraba el abastecimiento de agua a la ciudad, no podía satisfacer la demanda de expansión. También estaba ostensiblemente plagado de actos de corrupción (por ejemplo, funcionarios de la empresa encargados de la compra de bombas podían obtener 10% en carácter de soborno a cambio de derivar el negocio a un proveedor determinado) e intentos de los partidos políticos locales de usar la empresa para su propio beneficio político (ofreciendo puestos de trabajo a partidarios o derivando nuevas obras para beneficiar a barrios partidarios).10

El Banco Mundial, que había otorgado a la empresa encargada del sistema regulador de las aguas, varios paquetes de ayuda financiera durante más de una década, decidió que la solución para los problemas que Cochabamba tenía con el agua radicaba en privatizar el sistema, y explicó a los funcionarios bolivianos que la privatización era el precio que Bolivia tendría que pagar para obtener ayuda financiera del banco en el futuro.11

En febrero de 1996, los funcionarios del banco ofrecieron un préstamo de 14 millones de dólares al intendente del Municipio de Cochabamba para la expansión del servicio de agua, con la condición de que lo privatizara.12 En junio de 1997, los funcionarios del banco comunicaron al presidente de Bolivia que un importe de 600 millones de dólares, por concepto de condonación de la deuda externa, estaba a su disposición si Cochabamba privatizaba su sistema de agua.13 El banco también advirtió al gobierno boliviano que “no corresponde otorgar subsidios para aliviar el aumento de la tarifa del agua en Cochabamba…”.14 En otras palabras, para tener agua, los residentes de Cochabamba, incluidos los pobres, deberían pagar el precio total de mercado. Si bien los funcionarios del banco más adelante argumentarían que estaban en desacuerdo con la forma específica en que Bolivia negoció el acuerdo de privatización, es indiscutible el

En 1999, habiendo recibido un claro ultimátum por parte del banco, el gobierno boliviano dio comienzo a un proceso de privatización del sistema estatal de agua de Cochabamba. En una licitación a puertas cerradas en la que hubo sólo un oferente, los funcionarios bolivianos suscribieron un contrato de arrendamiento del agua de Cochabamba, durante 40 años, a una misteriosa nueva sociedad denominada Aguas del Tunari —que resultó ser una subsidiaria de la gigante de ingeniería californiana Bechtel.15

El contrato fue muy provechoso para Bechtel. Garantizaba a la sociedad una ganancia promedio de 16% anual durante cada año del periodo de vigencia del contrato. Sin embargo, el financiamiento de esa ganancia (además del costo de desarrollo estructural) demandaba grandes aumentos de la facturación local por abastecimiento de agua. A las pocas semanas de haber tomado el control, la compañía boliviana de Bechtel golpeó a las familias locales con aumentos de tarifas de hasta 200% y, en algunos casos, mayores.16 A los obreros que vivían con un salario mínimo de 60 dólares mensuales, se les dijo que debían pagar 15 dólares sólo por mantener el servicio de agua corriente. Tanya Paredes, madre de cuatro hijos, que teje ropa para bebés para mantener a su familia, sufrió un aumento que iba de 5 dólares a casi 200 dólares mensuales en la factura del agua, un aumento equivalente a lo que le costaba alimentar a su familia durante una semana y media.17 Paredes decía: “Lo que pagamos por el agua sale de lo que tenemos que pagar por la comida, la ropa y las demás cosas que tenemos que comprar para nuestros hijos”.18

La resistencia local al aumento de la tarifa del agua fue feroz. Liderados por una coalición de obreros fabriles, regadores, granjeros, estudiantes y consumidores comunes, los ciudadanos de Cochabamba organizaron una serie de protestas numerosas para exigir que se anularan los aumentos de las tarifas de agua. Los funcionarios bolivianos de la compañía salieron en defensa de Bechtel y, en febrero de 2000, mandaron a más de 1 200 policías a la calle para sofocar la protesta, lo que dejó un saldo de docenas de heridos graves.19 Cuando falló el intento de sofocar las protestas, el gobierno ofreció una reducción transitoria de los aumentos de tarifas, a pesar de la oposición de Bechtel.20

Posteriormente, como los líderes del movimiento antiprivatización pudieron conseguir y estudiar el contrato suscrito por Bechtel, decidieron aumentar las demandas exigiendo no sólo la anulación permanente de los aumentos de tarifas, sino también la anulación del contrato y la devolución de la compañía abastecedora de agua al Estado. Esta exigencia fue apoyada por una “consulta popular”, que había sido realizada a más de 50 mil participantes.21

Durante la primera semana de abril de 2000, los ciudadanos de Cochabamba inmovilizaron la ciudad —ni un automóvil en las calles, escuelas y oficinas cerradas— por una huelga general de amplia convocatoria, para exigir que Bechtel se fuera. Tratando de proteger el contrato, el presidente Hugo Banzer (un dictador de los años setenta) declaró la imposición de la ley marcial, con el consiguiente cierre de las estaciones de televisión y el arresto de los líderes de la protesta, arrancándolos de su casa en medio de la noche.22 La huelga general continuó a pesar de todo y, el 10 de abril, los funcionarios de Bechtel finalmente abandonaron el país. La compañía pasó a estar bajo control de un cuerpo ejecutivo y administrativo recién entonces constituido, formado por funcionarios municipales y líderes del levantamiento civil.23

En noviembre de 2001, Bechtel Corporation presentó una demanda por 25 millones de dólares contra el pueblo de Bolivia, en un tribunal comercial poco conocido y secreto (el Centro Internacional para la Resolución de Controversias sobre Inversiones/ICSID), administrado por la misma institución que había forzado a Cochabamba a privatizar el agua en primer lugar, es decir, el Banco Mundial. Michael Curtin, el máximo funcionario de la compañía de agua boliviana de Bechtel, explicó: “No buscamos que Bolivia nos regale algo; sólo pretendemos recuperar nuestros costos”.24 Sin embargo la demanda presentada por Bechtel incluye una parte de las ganancias que la compañía esperaba obtener y que no le permitieron llevarse.

La sede del Banco Mundial, donde Bechtel tramita el caso, es tan secreta que se prohíbe la presencia de la prensa y el público durante el procedimiento y no se permite saber cuándo ni dónde se celebran las audiencias, quién declara ni qué se dice. El presidente del tribunal que entiende en la causa fue nombrado directamente por una persona designada por el presidente del Banco Mundial. Actualmente el caso está pendiente, en medio de pedidos internacionales de apertura a escrutinio público.25

Una historia que se repite en la región y en el mundo

Las luchas que se llevaron a cabo en Bolivia por la privatización del agua pueden ser las más conocidas, pero de ninguna manera son las únicas que ocurren en el mundo. En el curso de una revisión de los préstamos relacionados con el agua otorgados por el Banco Mundial en 2001 (después del fiasco de la privatización que el banco hizo en Bolivia), Public Citizen declaró que la fijación de precios de mercado o los requisitos de la privatización, o los dos factores, formaban parte de préstamos otorgados a once países (Burkina Faso, Comoros, Ecuador, India, ARY de Macedonia, Níger, Federación Rusa, Senegal, Ucrania y la República de Yemen).26

También en América Latina, Buenos Aires privatizó el sistema de agua en 1993 y cedió el control a una subsidiaria de la compañía global de aguas Suez: Aguas Argentinas, S.A. Como parte del contrato, se permitió a la compañía privatizada anclar las tarifas locales de agua al dólar. Esa dolarización, agregada a una débil regulación por parte del gobierno, permitió un alza desmedida de las tarifas de agua y un índice de ganancia promedio de 19% para la compañía. El ex presidente argentino Fernando de la Rúa dijo lo siguiente en 1999, cuando era intendente de la ciudad de Buenos Aires: “Las tarifas de agua que, según Aguas Argentinas, disminuirían 27%, en realidad aumentaron 20%. Estos aumentos de precios y el costo de la extensión del servicio fueron soportados de forma desproporcionada por los pobres que viven en la ciudad”. El contrato de privatización para Buenos Aires también se vio afectado por contramarchas de la compañía respecto del compromiso de expandir el sistema de desagüe y otros servicios afines. En la controversia que sostuvo con el gobierno argentino, Suez, como Bechtel, buscó el desagravio en el hermético ICSID del Banco Mundial.27

Un régimen económico imperfecto

Lejos de ser una estrategia eficaz para promover derechos, las privatizaciones y el control del acceso al agua, sujetos a las desigualdades del mercado privado, se han convertido en un instrumento contundente para violar los derechos humanos.

La doctrina sobre derechos humanos no exige ni espera lo imposible. El gobierno puede tener el solemne deber de garantizar agua potable y accesible para todos; pero hay que encontrar la fuente, tender las cañerías y llenar las canillas, y eso no se hace de la noche a la mañana. Los gobiernos están obligados por el principio de “realización progresiva”, que significa que, ante la falta de garantía de ejercicio de tales derechos, debe existir, por lo menos, un plan explícito sobre la forma de cumplir con tal deber. Y el primer criterio de ese plan establece que el gobierno no debe tomar medidas regresivas, o sea, “no dar marcha atrás deliberadamente”. En otras palabras, el gobierno no puede empeorar la situación. Si lo hace, ese accionar configura, en sí mismo, una violación directa de las leyes internacionales de derechos humanos.28

Por la razón que fuere, los aumentos de las tarifas de agua, fijados por Bechtel y otras empresas de agua privadas, y las decisiones de los gobiernos que los avalaron, constituyeron una marcha atrás explícita y deliberada en términos de agua asequible y accesible para el pobre. En realidad, el accionar de los gobiernos y las compañías se tradujo directamente en agua menos asequible y accesible y, en algunos lugares, como Sudáfrica, en actos coercitivos mediante cortes del abastecimiento de agua.29 La privatización del agua llevó no sólo a la violación de los derechos económicos del hombre, sino también a la violación de sus derechos políticos y civiles. En Bolivia, el gobierno impuso la ley marcial y tomó las armas en defensa de un contrato que había negociado en secreto con una compañía extranjera.

La falla del régimen de privatizaciones ideado por el Banco Mundial radica no en la puesta en práctica, como los funcionarios de esa entidad se apuran a indicar, sino en los débiles supuestos sobre los que se funda el régimen del banco, conceptos incompatibles con el concepto del derecho universal al agua.

Teóricamente, la privatización del agua conlleva una administración capacitada y eficaz; pero en Cochabamba fue tanta la incompetencia que los funcionarios extranjeros enviados por Bechtel encendieron la chispa de una rebelión pública de enormes proporciones y fueron desalojados del país (dato que no es precisamente un galardón para agregar a la hoja de vida de un ejecutivo). También eran tan inmorales que miraban por televisión, satisfechos, cómo el gobierno boliviano literalmente abría fuego contra el pueblo en nombre de ellos.30

Teóricamente, se supone que la privatización del agua conlleva la asistencia técnica de capacitación que se necesita para responder con eficacia a las necesidades de agua. Sin embargo, Cochabamba no tuvo que pagar grandes sumas de dinero a Bechtel para atraer la asistencia especializada; los sindicatos y obreros que trabajan en los sistemas públicos de agua de EE.UU. y Canadá —y que esperarían hasta asegurarse de que el sistema de la ciudad fuera satisfactorio y funcionara— ya se la habían ofrecido a gran escala y gratis.31

Por último, se supone que la privatización del agua es fundamental para atraer la inversión de capitales esencial para la expansión y el desarrollo del agua. Sin embargo, en Cochabamba, la rentabilidad que Bechtel exigía y ganó por su inversión —16% durante cada año del periodo de vigencia del contrato, garantizada por el órgano fiscal— era una cifra cercana al robo.32

La fuerza de la historia de Cochabamba no es sólo un cuento de resistencia popular, sino la clara demostración de la fisura entre la teoría de la privatización del agua y la verdadera dominación que impone.

En el núcleo de la falla de la privatización del agua está la moraleja del cuento del economista y su amigo que caen en un pozo profundo. Mientras el amigo está siendo presa del pánico, el economista está tranquilo. “No hay problema”, dice, “primero supongamos que tenemos una escalera.” Al obligar a los países pobres a poner el agua en manos de compañías como Bechtel, el Banco Mundial demuestra que tiene una enfermedad similar. “No hay problema, primero supongamos que el Estado es honrado y competente para actuar como ente regulador de una gran empresa multinacional, y que cumple la tarea equitativamente.” En Bolivia, como en muchos otros países, el Estado demostró que carecía de competencia e integridad en las tratativas con Bechtel y frente al pueblo boliviano, que pagaba el precio. En lugar de proteger a su propia gente contra los excesos cometidos por Bechtel, se levantó en armas para defender a la compañía.

La voluntad de Cochabamba para resistir, y el hecho de haberlo logrado, es el resultado de una combinación de historia, equivocaciones del gobierno boliviano y de Bechtel, suerte y coraje. Bolivia tiene una larga historia de episodios de resistencia civil sin violencia (especialmente en conflictos laborales) y es uno de los pocos países de América Latina que ganaron revoluciones (en 1952). Para muchos, especialmente para los jóvenes, la lucha que Cochabamba libró para proteger el agua tenía la fuerte reminiscencia de las luchas anteriores.

Si Bechtel no hubiera aumentado tanto las tarifas en tan poco tiempo después de asumir el control (a las pocas semanas), probablemente no habría encendido semejante levantamiento popular. Si el gobierno boliviano no hubiera tratado de sofocar las protestas públicas contra los aumentos de tarifas, probablemente no habrían cobrado tanta fuerza. Si la toma del control por Bechtel no hubiera estado ligada al intento del gobierno de despojar al usuario rural del control sobre sus propios pozos de agua y los sistemas de riego, probablemente no se habría creado una unión tan poderosa de protestas urbanas y rurales. Si la revuelta por el agua no hubiera ocurrido durante la misma semana en la que decenas de miles de personas se unieron en Washington para protestar por las políticas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (en abril de 2000), probablemente Cochabamba no habría atraído tanta atención general. En definitiva, el agua y el acceso asequible a ella era algo tan básico que la gente común, tanto de clase pobre como media, quería salir a pelear a costa de un gran riesgo personal.

Resolución de los problemas prácticos del acceso al agua

El desafío de garantizar agua potable y asequible a los pobres es muy grande; la crítica proveniente de los enfoques privatizadores favorables al mercado (aun cuando sea válida) no aporta soluciones a semejante problema. El desafío sigue vigente en la práctica —cómo pueden los países pobres financiar sus necesidades con suficiencia y administrar sus sistemas con eficacia.

Para las naciones pobres, la tarea de financiar el agua comienza por una pregunta: ¿puede el pobre pagar el costo de abastecimiento de agua potable y asequible? En los países ricos, incluido Estados Unidos, es una cuestión de orden público aceptada el hecho de que los pobres no puedan pagar el costo total de los servicios básicos (agua, electricidad y teléfono), ni se espera que lo hagan: se les cobra un importe que se descuenta de lo que pueden pagar a través de tarifas de servicios públicos de “línea de vida” (lifeline) y de otros mecanismos, y contando con otros recursos para llenar el vacío. Los pobres de los países pobres deberían tener derecho a recibir no menos que esto.

¿Cuáles son esos otros recursos? Hay tres opciones básicas. Una consiste en incorporar subvenciones a las estructuras tarifarias del agua (práctica común) a favor de los pobres, mediante la cual los usuarios ricos pagan más y los pobres menos. Sin embargo, en los pueblos pobres como Cochabamba, el número de ricos puede ser tan escaso en relación con el de pobres, que las subvenciones cruzadas entre usuarios no alcanzan para pagar la factura por sí mismas. Después de Bechtel, la compañía estatal de agua de Cochabamba podía cubrir la totalidad de los costos operativos mensuales con los ingresos generados por los usuarios (que pagaran la tarifa anterior a Bechtel), pero no le quedaban fondos para cubrir el costo de expansión.33

La segunda opción consiste en dotar a los sistemas de agua locales de subvenciones a través del sistema fiscal nacional. Este método amplía la base responsable del financiamiento del desarrollo del agua, pero esa base aún puede ser escasa en los países pobres que ya tienen alto déficit y recursos públicos insuficientes para cubrir las necesidades básicas de la población.

Para garantizar el ejercicio del derecho al agua en los países pobres, podríamos pensar que el financiamiento debe provenir no sólo de los recursos propios del país sino también de ayuda y subvenciones de otras naciones. Si todos estamos verdaderamente de acuerdo en que el agua es un derecho fundamental, todos tenemos que estar de acuerdo en pagar la factura, pero no por medio de inversiones privadas que obliguen a pagar un dineral a cambio. La puja entablada por el Banco Mundial y otros entes para que los sistemas de agua de los países pobres sean económicamente autosuficientes no prosperará si quienes usan el agua son tan pobres que no pueden pagar el costo del abastecimiento. Así como consideramos razonable que los usuarios más adinerados ayuden a los más pobres para garantizar el ejercicio del derecho al agua, se podría simplemente instaurar la necesidad económica de que los países ricos subvencionaran el acceso al agua de los países pobres por medio de ayuda del extranjero y estrategias similares.

Todos —el pobre que recibe el servicio y los gobiernos y organismos que aportan los fondos— quieren que las compañías estatales de agua sean honradas y estén bien administradas. La corrupción y la ineficiencia, tan frecuentes en los servicios públicos de los países pobres, no sorprenden en situaciones en las que las oportunidades económicas son escasas y las clases privilegiadas locales están acostumbradas a aprovechar todas las oportunidades, corruptas y no corruptas. Se necesitan dos reformas fundamentales.

La primera es la transparencia —las decisiones, los documentos y las demás herramientas de control público deben estar abiertos al público, y las agrupaciones civiles tienen que estar preparadas para comprenderlos. Instituciones como el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo (como el Banco Interamericano de Desarrollo) podrían colaborar prestando asistencia técnica y capacitando a los ciudadanos interesados en aprender a controlar sus sistemas de agua estatales.

La segunda reforma consiste en instaurar un verdadero control público. En Cochabamba, actualmente la empresa estatal de agua reconstituida tiene un directorio que incluye a algunos miembros elegidos directamente por el pueblo. Los órganos públicos forman el mecanismo que asegura el control público, y el fortalecimiento de estos órganos a través de capacitación, personal y ayuda también debería ser una prioridad clave para el Banco Mundial y otros inversores.

Sin perjuicio de quién administre finalmente los sistemas de aguas —el Estado o el sector privado—, tiene que existir un sistema de regulación pública (por un órgano local, por otro funcionario público o por una combinación de los dos) claro y responsable. Este sistema comprende responsabilidad pública en términos de generalidades (como estructuras tarifarias, subvenciones, control de inversiones y compras, etc.) y del consumidor (atención de quejas por servicios deficientes, problemas de facturación, etc.). Ninguna de estas reformas es tan romántica o espectacular como una revuelta por una privatización, pero forma los cimientos de los sistemas locales de agua dedicados a que la gente tenga agua potable y asequible, y a lograrlo con honradez y eficiencia.

Panorama general: el primer lugar para los derechos

Un desafío mayor se presenta paralelamente al intento de resolver los problemas locales y prácticos del acceso al agua, un desafío que es global y sentará las bases de las políticas sobre el agua y los derechos humanos del futuro. ¿Cómo dar a los derechos humanos, como el derecho al agua, un lugar predominante respecto a todos los otros intereses comerciales que están en juego? ¿Cómo colocar los derechos humanos en primer lugar?

Dejar establecido el derecho humano al agua forma parte de una noble tarea que demandó medio siglo a todos los países: la de sentar los derechos humanos como una cuestión de derecho internacional. En instrumentos legales y tratados, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de los Derechos del Niño y otros, las naciones han acordado que la dignidad humana comprende no sólo la protección civil y política sino también los derechos económicos, sociales y culturales.

Sin embargo, durante este lapso de 60 años, los gobiernos también se han ocupado en fijar metódicamente un conjunto distinto de normas globales, cuyo objetivo es obligar a los países al cumplimiento de una serie de normas de carácter económico que, por lo general, violan los derechos humanos. Estas normas están comprendidas en acuerdos de comercio internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) propuesto, y en las directrices impartidas a los países pobres por instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Para los estados pobres, que enfrentan la disyuntiva entre honrar los acuerdos sobre derechos humanos y acatar las órdenes de las instituciones financieras internacionales, la decisión es lamentablemente clara. Si violan derechos humanos, se exponen a quejas o a investigaciones internacionales más graves. En cambio, el Banco Mundial y el FMI pueden suspender el flujo de millones de dólares para ayuda. Los fallos de los tribunales de comercio internacionales pueden obligar a pagar dinero en metálico. En Bolivia, bajo la presión del Banco Mundial y Bechtel, el gobierno probablemente nunca haya tenido dudas respecto del derecho humano al agua asequible. Si los derechos humanos hubieran tenido algún peso, el contrato suscrito por Bechtel y sus aumentos de tarifas no habrían prosperado.

Este siglo nos presenta el desafío de conciliar el conflicto explícito y creciente entre estos dos sistemas de dominio global emergentes —los derechos humanos contra las normas globales de economía—, para establecer el predominio de los derechos humanos de manera legalmente manifiesta y exigible. Este esfuerzo por determinar la supremacía global de los derechos humanos exige unión y estrategia de los participantes. Por un lado, una estrategia cuyo objetivo sea simplemente golpear o abolir instituciones como el Banco Mundial, o sabotear acuerdos propuestos, como el ALCA, puede ofrecernos la posibilidad de dar un golpe certero, pero no muchas posibilidades de ganar. Por otro lado, si abordamos el problema enfocando las cuestiones específicas internas de estas instituciones y estos acuerdos, el movimiento global por los derechos humanos se perderá en detalles.

Hay otro enfoque, tan contundente como simple: todos los acuerdos económicos mundiales, desde los más amplios, como los de la OMC, hasta los modestos tratados de comercio bilaterales, deberían someterse a una reforma que incluyera una simple cláusula de “los derechos humanos primero”, en los siguientes términos: “Todas las disposiciones de este acuerdo quedan subordinadas a los siguientes acuerdos globales sobre derechos humanos…”. A través de sus diversos comités de derechos humanos, las Naciones Unidas deberían estar autorizadas para investigar y resolver conflictos entre acuerdos económicos y acuerdos sobre derechos humanos. Deberían agregarse disposiciones similares a los estatutos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de las demás instituciones financieras internacionales.

¿Qué se ganaría con esta estrategia? Primero, elevar el debate sobre la globalización económica desde los detalles estancos hasta el nivel de principio global: ¿Qué es más importante, los derechos de la gente o los de las sociedades comerciales? Segundo, desde la perspectiva organizativa, aportaría a las organizaciones de derechos humanos y a los ciudadanos de todo el mundo un objetivo claro y común para apoyar. Tercero, desde la perspectiva jurídica, cimentaría las bases del encuadre de derechos humanos necesario para construir una justicia económica global a largo plazo, no sólo para los próximos dos o 10 años.

Por supuesto, esta propuesta generará duras críticas. Los detractores dirán que las disputas sobre derechos humanos son un obstáculo en el camino hacia importantes avances económicos globales; que traerán peores condiciones para los pobres; que esas disposiciones nunca se cumplirían debido a la ausencia de mecanismos de cumplimiento legal en el sistema de las Naciones Unidas; y que esas disposiciones amenazarán la soberanía nacional. Sin embargo, colocar los derechos humanos a la cabeza de cualquier acuerdo económico no entorpecería el desarrollo económico sino que garantizaría un objetivo guiado por las verdaderas necesidades de la gente.

Respecto a la soberanía nacional, los gobiernos de todo el mundo están obligados a cumplir leyes internacionales de derechos humanos, y los acuerdos económicos suscritos por los países deberían tenerlas muy en cuenta. Por último, si bien es cierto que el desarrollo de los mecanismos y las instituciones para hacer respetar un enfoque de “los derechos humanos primero” demanda mucho trabajo, también es cierto que estaríamos edificando un pilar fundamental para la justicia global, íntimamente relacionada con los acuerdos sobre derechos.

Las normas del nuevo sistema global se están creando. Si no podemos dejarlas estipulada, ahora, —la premisa es que los derechos humanos están primero—, la oportunidad se puede escapar rápidamente. Al encarar esta tarea, no sólo el derecho al agua sino todos los derechos económicos, sociales y culturales básicos, cuya garantía de ejercicio es esencial, se verán protegidos para las generaciones futuras.

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1 Public Citizen, “Water Privatization Backgrounder”, Washington, 2003, en http://www.citizen.org/cmep/Water/activist/articles.cfm?ID=9589, y “The World Bank and Water Supply and Sanitation in Latin America and the Caribbean”, Washington, The World Bank, marzo de 2003, p. 1

2 Ibidem.

3 Public Citizen, “Water Privatization Backgrounder”, ob. cit.

4 UNICEF, “At a glance: Bolivia, Statistics”, en http://www.unicef.org/infobycountry/bolivia_statistics.html

5 Vincent Gouarne y John Briscoe, “Don’t shut the tap on private-sector water”, The Globe and Mail, 18 de mayo de 2000.

6 Carta enviada por Christopher Neal, External Affairs Officer Latin America & the Caribbean, “The World Bank, at The Democracy Center”, el 10 de mayo de 2000 al sitiohttp://democracyctr.org/bechtel/world_bank_letters.htm

7 Extraído de comentarios vertidos durante una conferencia de prensa en Washington, el 12 de abril de 2000.

8 La posición de Bolivia en la escala de pobreza se extrajo de una tabla diseñada por United Nations Development Program, que figura en el siguiente sitio:http://www.hdr.undp.org/docs/training/oxford/presentations/Qizilbash_Table4.pdf. Los datos sobre la población autóctona de Bolivia se extrajeron de las cifras de un censo realizado en 2001, que se citan en “Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Bolivia”, Nueva York, United Nations, Committee On The Elimination Of Racial Discrimination, agosto de 2003.

9 Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina (Open Veins of Latin America), Nueva York, Monthly Review Press, 32.

papel catalizador que jugó el banco desde la penumbra.

10 Extraído de una entrevista con el entonces gerente general de SEMAPA, Jorge Alvarado, junio de 2000.

11 Ver la lista de proyectos del Banco Mundial relacionados con el agua en Bolivia, incluida Cochabamba, en World Bank Projects Database, en http://www.worldbank.org

Ver la documentación en la que el Banco Mundial condiciona la prestación de más ayuda para Cochabamba a la privatización de su sistema estatal de agua en Precis, “Bolivian Water Management: A Tale of Three Cities”, Washington, The World Bank, primavera de 2002, p. 1.

12 “El Banco Mundial es claro: sin privatización de SEMAPA no hay agua potable para Cochabamba” (The World Bank is clear: Without Privatization of SEMAPA there will be no potable water for Cochabamba), La Paz, Primera Plana, 29 de febrero de 1996, p. 10.

13 “Organismos multilaterales presionan al Gobierno: Condonarán US$600 millones de deuda si privatizan SEMAPA de Cochabamba” [Multilateral organizations pressure the government: They will forgive $600 million of debt if SEMAPA of Cochabamba is privatized], La Paz, El Diario, 1 de julio de 1997, p. 5.

14 “Bolivia Public Expenditure Review”, Washington, The World Bank, 14 de junio de 1999, resumen ejecutivo.

15 En “Bechtel Perspective on the Aguas del Tunari Water Concession in Cochabamba, Bolivia (8/1/2002)”, en http://www.bechtel.com/newsarticles/65.asp

Bechtel reconoce que tiene una participación de 27.5% en la compañía de agua de Cochabamba, Aguas del Tunari (AdT), a través de su participación de 50% en la compañía controlante de AdT, International Water Limited (IWL). Sin embargo, durante el periodo que llevó la negociación y firma del contrato del agua de Cochabamba (1998-1999), Bechtel poseía 100% de IWL, una compañía fundada por ella, y, por tanto, poseía 55% de AdT; ver “Bechtel and Edison Reach Agreement on Edison’s Acquisition of a 50% Stake in International Water Limited (11/9/1999)”, en el sitiohttp://www.bechtel.com/newsarticles/162.asp.

16 Ver un análisis completo de los aumentos del precio del agua fijados por Bechtel, más un análisis general y copias de facturas anteriores y posteriores, en el sitio www.democracyctr.org

17 Extraído de una entrevista realizada a la señora Paredes por el autor, en marzo de 2000.

18 Idem.

19 Extraído de una entrevista realizada al señor Edwin Claros, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Cochabamba, por el autor, en abril de 2000.

20 Carta enviada por el señor Didier Quint, Managing Director, International Water Limited (Bechtel subsidiary), en Democracy Center, el 30 de abril de 2000.

21 Extraído de una entrevista realizada al señor Óscar Olivera, líder fundamental del movimiento antiprivatización, por el autor, en abril de 2000.

22 Idem y relatos personales del autor.

23 Entrevista realizada al señor Óscar Olivera.

24 Transcripción de “Leasing the Rain”, emitida por PBS, 5 de julio de 2002, http://www.pbs.org/now/transcript/transcript125_full.html

25 Ver International Citizens’ Petition to the World Bank, en el sitio www.democracyctr.org

26 “Profit Streams-The World Bank and Greedy Global Water Companies”, Washington, Public Citizen, setiembre de 2002, p. 4.

27 Este relato sobre la experiencia de Buenos Aires con la privatización del agua se extrajo de “Water Privatization Fiascos: Broken Promises and Social Turmoil”, Washington, Public Citizen, marzo de 2003, p. 4.

28 “Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights” (“Maastricht Guidelines”), Human Rights Quarterly, 20, 1998, pp. 691-694, párrafo 14.

29 Dale T. McKinley, “Water is Life: The Anti-Privatisation Forum & the Struggle Against Water Privatisation”, Washington, Public Citizen, enhttp://www.citizen.org/cmep/Water/cmep_Water/reports/southafrica/articles.cfm?ID=10554

30 La presencia de los gerentes de la compañía en el Hotel Portales, de cinco estrellas, durante la protesta realizada en abril por el agua, fue relatada por testigos oculares —personal del hotel— al autor.

31 La asistencia técnica, incluidas visitas de expertos internacionales en sistemas de agua, fue coordinada por Public Services International.

32 Extraído de una entrevista realizada al señor Samuel Soria, que analizó el contrato suscrito por Bechtel en nombre del Colegio de Economistas de Cochabamba, por el autor, en abril de 2000.

33 Extraído de una entrevista realizada al gerente general de SEMAPA, señor Jorge Alvarado, realizada en noviembre de 2002.