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Cómo la Política de Energía Extrema Conduce a la Criminalización de la Protesta Social en Argentina

Hace algunos días comenzó en Argentina el juicio contra Relmu Ñamku, una mujer Mapuche que podría ser condenada a 15 años de prisión por defender su territorio de las actividades hidrocarburíferas. Su caso pone de manifiesto una tendencia: mientras las empresas de combustibles fósiles llegan a extremos ecológicos en busca de nuevas fuentes de petróleo y gas, las acciones políticas también avanzan hacia extremos reprimiendo a comunidades y organizaciones sociales que se oponen al extractivismo.

El proceso de privatización de la industria del gas y del petróleo de los años 90 en Argentina, la sobreexplotación de sus yacimientos, la alta dependencia del país a los combustibles fósiles (90 % de la matriz energética) y la inexistencia de alternativas viables, crearon condiciones para  que el país experimente una grave crisis de desabastecimiento que desde mediados de la  pasada década le obligan  a importar miles de millones de dólares en combustibles para satisfacer las necesidades de su población.

Sin embargo, en los últimos años, las noticias de que  Argentina cuenta con un enorme  potencial de hidrocarburos no convencionales, han impulsado al gobierno a reformar las leyes hacia una nueva política energética basada en la explotación de petróleo y gas de esquisto. La nueva política también contempla el rejuvenecimiento de  yacimientos maduros de hidrocarburos convencionales, es decir, la recuperaciónsecundaria y terciaria de yacimientos agotados o de baja presión. El objetivo es producir suficientes combustibles para abastecer el mercado interno y generar excedentes para la exportación.

No obstante, esta nueva política está exacerbado los conflictos entre el estado y las organizaciones sociales y comunidades indígenas Mapuche, que rechazan  los impactos socio-ambientales de la extracción de hidrocarburos, así como la presencia de corporaciones como  Chevron, y otras, que llegaron al país para extraer petróleo y gas de esquisto mediante la Fractura Hidráulica o Fracking.

Este rechazo viene acompañado de denuncias de hostigamiento y criminalización de la protesta social que es promovida desde el estado y que busca silenciar la voz de quienes cuestionan la nueva política energética en el país.

Un caso que ha cobrado mucha relevancia en los últimos meses, es el de Relmu Ñamku, una mujer indígena Mapuche de la comunidad Winkul Newen, en la provincia de Neuquén, que está siendo procesada por defender su comunidad del desalojo en favor de una corporación petrolera, que pretendía expandir sus actividades en su territorio.

Relmu es acusada de intento de homicidio bajo la ley anti-terrorista que rige en el país, y si es declarada culpable, podría enfrentarse a una pena de 15 años de prisión. El juicio comenzó el lunes 26 de Octubre en la ciudad de Zapala, provincia de Neuquén, y concluirá el 5 de Noviembre, cuando un jurado decida si es culpable o inocente. Una condena en contra de Relmu no sólo significaría un atentado en contra de su vida y la de toda su familia, sino también un peligroso precedente para todo aquel que quiera oponerse a los proyecto extractivos del estado argentino y de sus socios corporativos.

Relmu Ñamku y el delito por el que se la acusa

Relmu Ñamku es una mujer Mapuche que se encuentra en la primera línea de la criminalización de la protesta social en Argentina. Su comunidad, Wikul Newen, se encuentra en la zona central de la provincia Neuquén, en la Patagonia. En una entrevista con el Centro para la Democracia, Relmu nos dijo que la explotación petrolera y minera son actividades centrales en toda la región en donde vive, y a la que resisten: “Nuestra comunidad viene resistiendo el avance de la actividad hidrocarburífera por más de 10 años, lo que nos ha llevado a distintas instancias de enfrentamientos, principalmente con las empresas, debido a que ni el gobierno provincial ni nacional nos brindan garantías en el marco de los derechos que tenemos como pueblo Mapuche”. De hecho, afirma, es el estado Argentino el primero en vulnerar sus derechos desde el momento en que otorga concesiones hidrocarburíferas en territorio Mapuche sin ningún tipo de consentimiento, violando, como es de conocimiento público, el derecho a la consulta previa, libre e informada al que tienen las comunidades y que se encuentra respaldado por la constitución y las leyes argentinas, y por el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Si bien Argentina ha incorporado  en su constitución y sus leyes la normativa internacional sobre derechos de Pueblos Indígenas, éstos no se aplican de manera efectiva.  Por el contrario,  existen informes que afirman que los conflictos socio ambientales con comunidades indígenas han aumentado debido a  que sus tierras, que a menudo contienen valiosos recursos naturales, como maderas, recursos de biodiversidad, agua, minerales e hidrocarburos, han sido afectadas considerablemente por las actividades extractivas.

En ese contexto es que los habitantes de Winkul Newen vienen resistiendo por varios años los embates de la expansión de las actividades hidrocarburíferas en su territorio, en donde se encuentra el Yacimiento Portezuelo Norte, que ya contiene en su interior varios pozos perforados de gas y petróleo convencionales. Según Relmu, estas actividades ya han provocado contaminación en el agua, la tierra y el aire, poniendo en riesgo la salud de los habitantes de la comunidad. Por esa razón decidieron oponerse a la expansión de las operaciones. Pero las compañías y las autoridades decidieron hacer uso de recursos legales y de la fuerza para intentar desalojarlos de la zona. La situación fue empeorando el 2012, año en el que incluso en una ocasión las mujeres decidieron rociar sus cuerpos con gasolina y amenazaron con prenderse fuego para evitar ser desalojadas por la fuerza.

Luego, el 28 de diciembre de ese mismo año (2012), la oficial de justicia Verónica Pelayes llegó a la zona acompañada de efectivos policiales e integrantes de la petrolera estadounidense Apache Corporation (hoy de propiedad de Yacimientos del Sur, subsidiaria de YPF), que quería expandir sus actividades en la zona. Presentaron una orden de desalojo e intentaron ingresar al lugar con la ayuda de retroexcavadoras. La comunidad no tuvo más opción que defenderse con lo que pudo, y desafortunadamente Pelayes sufrió lesiones al recibir un impacto de piedra en el rostro, un hecho que se le atribuye a Relmu.

A pocos días de lo sucedido, la comunidad pidió disculpas públicas a la oficial de justicia mediante un comunicado, en el que la identifican como una víctima más de un conflicto que el gobierno se niega a resolver. Pero el caso siguió su curso.

La peor parte de esta historia, según nos cuenta Relmu, es que durante el proceso y sin ninguna justificación, la fiscalía de Zapala cambió la acusación original, de lesiones graves, a tentativa de homicidio y daño agravado, por el cual piden una pena de 15 años de prisión. “Esta es una causa que se inició por lesiones, y sin haber incorporado nuevas pruebas en el expediente se transformó en una causa máxima, que es tentativa de homicidio”, afirma.

En este juicio también son procesados Martín Maliqueo, que también pertenece a la comunidad Winkul Newen, y Mauricio Rain, de la comunidad Wiñoy Folil. Ellos son acusados de daño agravado.

La Ley Anti terrorista y la criminalización de la protesta social

Relmu está siendo procesada bajo la Ley 26.734 o Ley Antiterrorista, que ha sido fuertemente criticada en Argentina. Fue aprobada originalmente el año 2007 como una reforma al Código Penal para evitar el lavado de dinero como fuente de financiamiento del terrorismo internacional (siguiendo las recomendaciones del Grupo de acción financiera en contra del lavado de dinero – GAFI, creada en el año 1989 por el G7). Sin embargo, en diciembre de 2011 la ley fue modificada y se incorporó al Código Penal una disposición que duplica las penas cuando alguno de los delitos previstos en dicho Código, hubiesen sido cometidos con la finalidad de “aterrorizar a la población”, o de “obligar a las autoridades públicas a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.

De inmediato estas reformas alertaron a las organizaciones de la sociedad civil que ya habían advertido que la ley podía utilizarse para criminalizar la protesta social.

A pesar de que el gobierno negó que la norma en cuestión tenga ese objetivo, en febrero de 2012, cientos de personas de organizaciones sociales, políticas, sindicales y de DD.HH. tomaron las calles de Buenos Aires exigiendo su derogación. En un pronunciamiento leído públicamente, las organizaciones aseguraron que esta ley amplía groseramente el campo de la criminalización de la protesta social y permite la aplicación de penas altísimas a cualquier tipo de organización o individuos que cuestionen y se opongan a las políticas estatales. Aseguraron que “la criminalización de la protesta social se ha profundizado al punto tal que no existe lucha obrera, estudiantil, ambiental, social o política que no tenga como consecuencia la apertura de una causa penal contra los militantes más visibles de cada momento”. Finalmente señalaron que esta ley “se enmarca en la sanción y aplicación de Legislaciones Antiterroristas a nivel continental para la persecución y criminalización de la lucha social”, que “provoca terror y constituye una herramienta de persecución estatal a la lucha tanto en el plano jurídico como simbólico”.

Incuso el premio Nobel de La Paz, Adolfo Pérez Esquivel, criticó la ley antes y después de su aprobación tildándola de antidemocrática y que sólo busca controlar a los movimientos sociales. Esquivel también dijo que esta norma “no clarifica quien o quienes son terroristas” y que por tanto por tanto podría acusarse a “los indígenas que luchan por su derecho a sus  territorios, los obreros cuando reclamen sus derechos laborales, es decir, es una ley que viola los derechos  humanos de la persona y los pueblos”.

En el caso específico del Relmu, el premio Nobel dijo en una carta pública, que sería un tremendo atraso para un país que reconoce los derechos de las minorías, que, ante casos de resistencias,  se apele a la ley anti terrorista. “Esperamos que estos hermanos puedan obtener al fin, justicia sin ningún tipo de discriminación y que se respeten sus derechos territoriales, culturales y a la consulta sobre temas referidos a su existencia como Pueblo”, dice la nota.

Perez Esquivel también presentó una solicitud de Amicus Curaie (Amigos de la Corte) para para participar del proceso en contra de Relmu y sus compañeros, pero el recurso fue rechazado. Hay también una diversidad de organizaciones que apoyan a Relmu en este proceso, como Amnistía Internacional Argentina, que hace un seguimiento diario del juicio.

Dada estas circunstancias, Relmu afirma  que su caso es un ejemplo de manipulación de la justicia y de las leyes debido a que las comunidades Mapuche son juzgadas de forma diferente y con todo el peso de la ley, es decir, pidiendo penas máximas. En cambio, cuando la comunidad denunció a la empresa Apache Corporation por agresiones perpetradas por grupos contratados por esta compañía, nunca fueron escuchados. Los fiscales simplemente no investigaron las denuncias que finalmente prescribieron. En palabras de Relmu, “los intereses de las multinacionales y del estado por la explotación petrolera son superiores a una denuncia de integrantes de una comunidad, como en el caso nuestro, y por eso decimos que hay discriminación. Tal vez si fuéramos hijos de altos funcionarios, hijos de ricos, sería diferente, pero somos pobres, somos indígenas, y yo soy una mujer, toda la fuerza de la ley viene sobre nosotros”. Es la marca de un estado racista, extractivista y patriarcal.

El Boom del Fracking abre nuevos frentes de lucha y nuevos escenarios para la criminalización

Como en muchos países de América Latina, en Argentina existen organizaciones sociales del campo y de la ciudad que se oponen a los proyectos privados y estatales de extracción de combustibles fósiles, a la minería, los monocultivos,  etc., en pro del medio ambiente, el agua y la vida. Sin embargo, la fiebre de los hidrocarburos no convencionales y del Fracking, que ahora son parte fundamental de la política energética del gobierno, amenaza, y de hecho, está ampliando las tensiones entre el estado y las organizaciones sociales y comunidades. Esto por supuesto podría derivar en más casos de  criminalización de la protesta, como el que ahora enfrenta Relmu.

Según el último informe de la Agencia de Información de Energía de los EE.UU.  publicado en 2013, Argentina ocuparía el cuarto lugar en reservas probadas de petróleo de esquisto en el mundo, con 27 mil millones de barriles, detrás de Rusia, EE.UU. y China, y  la segunda mayor reserva de gas de esquisto, con 802 TCF (medida americana – trillones de pies cúbicos), sólo por detrás de China.  En total el país tiene 30 veces más recursos de gas no convencional respecto al convencional, y 9 veces más recursos de petróleo no convencional respecto al convencional. La mayor parte se encuentran en la formación de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, y en pocos años ha convertido a la Argentina en un potencial gigante de este tipo de energía, que espera pronto producir suficientes hidrocarburos para solucionar sus problemas de desabastecimiento y para exportar.

En una entrevista con el Centro para la Democracia, Hernán Scandizzo del Observatorio Petrolero Sur – OPSUR, dijo que “el gran discurso del gobierno fue el autoabastecimiento. Y se presentó un plan estratégico para lograrlo a partir justamente de los no convencionales y de rejuvenecer yacimientos convencionales maduros”.

Ahora bien, para allanar el camino a esta nueva política, el gobierno tuvo que modificar las leyes y hacer algunos acuerdos.  Así, en Mayo de 2012 aprobó la Ley de soberanía hidrocarburífera,  que sentó las bases de la nueva política energética y le permitió expropiar al gobierno el 51% de las acciones de YPF a la española Repsol. Posteriormente, en junio de 2013, se emitió el decreto presidencial 929 de promoción de las inversiones, que brinda una serie de beneficios a las empresas que inviertan sumas superiores a los 1,000 millones de dólares en los yacimientos de hidrocarburos no convencionales. Unos días más tarde, el estado argentino, a través de YPF, firmó un acuerdo con la corporación estadounidense Chevron, para desarrollar un área en la formación de Vaca Muerta. Finamente, en octubre 2014 se aprobó una nueva ley de hidrocarburos enfocada en la explotación de  gas y petróleo de esquisto, y que permite a las empresas mantener concesiones hasta 45 años, con la posibilidad de renovación.

Estas reformas no sólo han permitido la entrada al país de corporaciones como Chevron, Total, Shell, ExxonMobil, Wintershall y varias otras para explotar gas y petróleo de esquisto mediante el Fracking, sino que ha exacerbado y creado nuevos conflictos socio-ambientales y frentes de resistencia en diferentes partes del territorio argentino.

Uno de los frentes se encuentra justamente en Neuquén, en donde ya existía una tradición de lucha en contra del extractivismo por la práctica petrolera de más de 100 a años que tiene la provincia. Sin embargo, a raíz de la nueva realidad, se conformó el año 2013  la Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén, una coalición de una diversidad de  organizaciones sociales, de la cual también es forma parte la Confederación Mapuche de Neuquén (COM), y que rechaza la explotación de los no convencionales y del Fracking. También promueven el debate acerca de la protección de los bienes comunes y el cambio de la matriz energética en Argentina, entre otros temas.

El 28 de Agosto de 2013, luego de la firma del acuerdo entre YPF y Chevron, que estaba siendo avalado por el gobierno provincial mediante un decreto, 5000 personas convocadas por la Multisectorial salieron a protestar rechazando este acuerdo. La manifestación fue reprimida brutalmente y hubo muchos heridos con balas de goma y gases lacrimógenos, además de personas detenidas. Al día siguiente, 10,000 personas volvieron a tomar las calles para protestar en contra la represión.

Estas movilizaciones querían alertar a la población y a las autoridades sobre las consecuencias ambientales y sociales del Fracking, pero no fueron escuchadas. Es más, las autoridades nacionales calificaron de “inadaptados”  a las personas que estaban protestando, y todo siguió adelante. En los días siguientes, tres casas y un salón comunitario de la comunidad Mapuche Campo Maripe, que se encuentra en el área de Loma Campana, el lugar en donde se desarrolla el proyecto de YPF-Chevron, fueron incendiadas impunemente. No hubo investigación.

Finalmente, el 2014, luego de concluir un proyecto piloto que incluía la perforación de 161 pozos en 20 km2, YPF anunció que la sociedad con Chevron en Vaca Muerta se extendería, hasta alcanzar la explotación de un área de 395 km2 con más de 1.500 pozos perforados, haciendo caso omiso las advertencias de las organizaciones sociales.

Para Relmu, esta actitud y falta de apertura de las autoridades para con la sociedad civil no es ninguna novedad. Ella dice: “el estado no dialoga con los sectores vulnerables, como los pueblos originarios, campesinos, villas miserias, mujeres y todos los excluidos del sistema, por lo que la única vía que nos han dejado es la acción directa para que escuchen nuestra problemática y la situación alarmante en la que estamos viviendo”. Esto por supuesto está derivando en mayor  represión y criminalización de la protesta mediante el uso desproporcionado de las leyes penales.

Pero esto no sólo está sucediendo en Neuquén ni con las comunidades Mapuche, aunque efectivamente son las que más está siendo criminalizadas y discriminadas. Como Hernán Scandizzo de OPSUR explica, “en los años 90 las organizaciones mapuches fueron los que más resistieron a la explotación de hidrocarburos en Neuquén, pero con poco apoyo de otros movimientos sociales, hoy en día lo que estamos viendo es que hay una diversidad de actores en la lucha”.

En efecto, la resistencia a la fractura hidráulica en la Argentina es muy diversa y se ha expandido incluso a regiones y provincias con menor  o ninguna tradición hidrocarburífera. Es el caso de las provincias de Rio Negro, Chubut e incluso las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires, en donde existen diversos movimientos (organizaciones del campo y de la ciudad, comunidades, pequeños productores, etc.) que se han articulado a partir de la amenaza del Fracking, y cuyas iniciativas van desde el uso herramientas legales hasta la acción directa.

Entre los recursos legales, uno que se ha promovido con éxito es el que permite a los municipios emitir ordenanzas de carácter precautorio para prohibir el Fracking en sus territorios, con el objetivo de cuidar el medio ambiente, el agua y la salud. Gracias a ese recurso actualmente en argentina existen alrededor de 50 municipios libres de Fracking, la mayoría en la provincia de Entre Ríos, en donde existe una diversidad de organizaciones y asambleas populares que  impulsan el uso de esta herramienta legal. Uno de los argumentos fundamentales para lograrlo es el de la protección del Acuífero Guaraní, una de las más grandes reservas de agua dulce en el mundo que tiene una extensión de más de 1 millón de Km2, y que cubre territorios de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Según estudios, este acuífero tiene suficiente agua para abastecer a toda la población mundial con 100 litros de agua por día por habitante durante 200 años.

Sin embargo, las autoridades ya han cuestionado este recurso legal con el objetivo de debilitarlo, pero también han actuado en contra de las  asambleas y grupos que quieren proteger el acuífero del Fracking.

En agosto de 2014, cinco activistas fueron detenidos violentamente por impedir junto a otras personas el paso de 4 camiones que transportaban equipos para exploración sísmica hacia la República del Uruguay y cuyo fin era localizar yacimientos de petróleo bajo el Acuífero. El delito que se les imputó fue el de entorpecer el normal funcionamiento del transporte terrestre, que prevé una pena de entre tres meses y dos años de prisión. Se lo acusó de este delito a pesar de que la protesta no afectó la circulación del transporte público ni al funcionamiento del transporte en general.

Posteriormente, en Febrero de este año (2015), cuando se formalizó los procesos a los activistas,  las asambleas socio-ambientales se pronunciaron diciendo que: “esto abre una causa que criminaliza efectivamente el derecho a la protesta social, uno de los derechos más importantes de la vida democrática”. Dijeron que “mediante este tipo de acciones se pretende acallar a los movimientos ciudadanos que demandan a los poderes del estado se respeten los derechos esenciales de los representados, reconocidos por la constitución nacional y el derecho internacional”, y que “una causa contra la protesta social es una arremetida muy fuerte contra la democracia, una forma de intentar obligar a no decir nada cuando se cometen delitos contra los pueblos, lo que nos retrotrae a épocas de nuestra historia que no queremos repetir.”

Finalmente el juicio en contra de los activistas no prosperó debido a que las autoridades judiciales no pudieron probar que se cometió el supuesto delito. Sin embargo, el precedente queda, al igual que la posibilidad de que, ante cualquier tipo de acción directa, los activistas puedan ser detenidos y juzgados bajo la ley anti-terrorista. De hecho, estas organizaciones también exigen la derogación de esta ley, y lo han manifestado en diversas ocasiones, desde pronunciamientos escritos hasta en acciones públicas.

 

Un efecto escalofriante y paralizador

A menudo hemos visto, que, cuando el Estado y las empresas actúan en contra de los intereses de las comunidades y poblaciones locales, que sólo quieren proteger su agua, el medio ambiente y la salud de su gente de las actividades extractivas, éstas recurren al diálogo e incluso a acciones legales para defender sus derechos humanos y colectivos. Sin embargo, llega un momento en que sólo les queda la acción directa como último recurso para hacer valer estos derechos. En ese momento el Estado aplica sus leyes que criminalizan la protesta social como una estrategia para debilitar y eventualmente eliminar cualquier resistencia a sus proyectos. La idea es sentar un precedente de lo que les podría pasar a las personas que se resisten y protestan a estos proyectos.

A lo largo del proceso que se le sigue a Relmu, prácticamente todas las voces de apoyo y solidaridad coinciden en que la resolución de este juicio es vital por el precedente que podría sentar en la justicia argentina. La Confederación  Mapuche de Nequén, por ejemplo, dijo en un comunicado que “una condena Mapuche en estas circunstancias tendrá consecuencias graves y significará un agravamiento del avasallamiento de derechos que se viene ejerciendo desde el gobierno”.  O como Relmu misma nos dijo en la entrevista que le hicimos, “esto es un riesgo porque detrás de esta causa se pretende llegar a un juicio que se utilice como un ejemplo para aplacar otras luchas sociales, no sólo del pueblo originarios, sino de otras organizaciones y ciudadanos que hoy no nos sentimos representados por este estado que garantiza todo a las multinacionales y al poder político y económico, lo que implica dejar  indefensos a millones de ciudadanos”.

En ese sentido, la criminalización de la protesta no es más que una estrategia diseñada para crear un efecto paralizador en la predisposición de la gente a optar por la acción directa como último recurso que les deja el estado para defender sus derechos, que no son garantizados por la ley ni por el mismo estado.

Y este es un fenómeno que amenaza con expandirse todavía más en el territorio argentino, debido a la nueva política de energía extrema y pro Fracking del gobierno actual, que como vimos anteriormente está exacerbando y creando nuevos frentes de resistencia diferentes partes del país.

Sin embargo, éste no es un fenómeno que ocurre solamente en Argentina, sino que se trata de un problema endémico de América Latina. En Chile por ejemplo, el estado también reprime al pueblo Mapuche bajo sus leyes antiterroristas, incluso de formas más violentas e impunes. En Perú las leyes no sólo eximen a las fuerzas represivas cuando éstas asesinan a activistas durante los conflictos sociales y ambientales, sino que  también permiten a las empresas firmar convenios con las fuerzas del orden para proteger su propiedad y para reprimir a los manifestantes. En Colombia también existen leyes que actúan en favor de las empresas, lo que facilita el desplazamiento de las comunidades en las zonas de los proyectos extractivos, etc.

(Foto: Afiche en apoyo a Relmu y sus compañeros. Fuente: Winkul Newen)

A esto hay que sumar que América Latina también es el lugar más peligroso para los ecologistas y activistas ambientales, que son asesinados impunemente por intereses relacionados a las empresas y a los estados. Tan sólo el 2014, tres de cada cuatro personas asesinadas pertenecían a nuestra región, de las cuales la mitad fueron indígenas.

Todo este panorama demuestra que, así como las corporaciones de combustibles fósiles llegan a extremos ecológicos en busca de petróleo y gas, las acciones políticas, incluyendo las de aquellos gobiernos supuestamente progresistas, también llegan a extremos reprimiendo la voz de las comunidades y organizaciones que se oponen al extractivismo, violando sus derechos, contaminado el medio ambiente y exacerbando el cambio climático.

Es lo que ha sucedido en el caso Argentino. Hoy mismo, mientras se enjuicia a Relmu Ñamku y sus compañeros por no permitir la expansión de actividades hidrocarburíferas en su territorio, el gobierno incentiva la producción de hidrocarburos en el país sosteniendo el precio interno del barril de petróleo en casi 80 USD (para fortalecer a las compañías), cuando el precio internacional continua por debajo de los 50 USD. Este hecho nos muestra claramente las leyes y acciones que castigan la protesta social continúan evolucionando al mismo tiempo que las normas que expanden la frontera de los combustibles fósiles, especialmente de los no convencionales.

Para Hernán Scandizio, ampliar la frontera hidrocarburífera no soluciona la crisis energética que vive el país, y sólo está generando más conflictos socio-ambientales  y la violación de derechos humanos. Afirma que una verdadera solución pasa por transformar la matriz energética argentina diversificando las fuentes de energía hacia los renovables para depender menos de los combustibles fósiles, pero también evaluando el cómo y para qué se produce energía, y democratizando la construcción de la política energética con participación de la población.