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Reflexiones

El Salvador – Cuando Las Semillas de La Resistencia Florecen

El 29 de marzo de 2017, los legisladores de El Salvador aprobaron una ley de prohibición general de la minería metálica en el país, el primero en el mundo en hacerlo. El voto histórico se produjo apenas seis meses después de que un tribunal del Banco Mundial falló a favor del estado salvadoreño en un caso de arbitraje internacional sobre inversiones presentado por una corporación minera canadiense.

Si alguna vez hubo un ejemplo de cómo las semillas de una batalla local florecieron en una formidable campaña global, fue éste. En un momento en que la movilización organizada es atacada, pero a la vez más urgente que nunca, no sólo necesitamos celebrar las victorias que involucran una verdadera solidaridad internacional, sino también aprender de ellas. Es por eso que entrevistamos a cinco personas (de las muchas) que han estado profundamente involucradas en este esfuerzo titánico, para reflexionar sobre lo que se logró y cómo se lo hizo, incluyendo las lecciones que aprendieron en el proceso.

Nuestros entrevistados y entrevistadas son Vidalina Morales,  de la Asociación de Desarrollo Económico Social – ADES; Pedro Cabezas, de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador – CRIPDES; Saúl Baños, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho- FESPAD – todas  estas organizaciones forman parte de la Mesa Nacional contra la Minería Metálica de El Salvador (Pedro Cabezas también fue coordinador de comunicaciones para los Aliados Internacionales); Manuel Pérez-Rocha del Instituto de Estudios Políticos de Washington D.C. – IPS; y Jen Moore de Mining Watch Canadá.

Más sobre El Salvador

Estrategias del Poder Corporativo y Lecciones de la Lucha Anti-Minera en El Salvador

El enfoque principal gira en torno a lo que podemos aprender de la campaña internacional en contra del caso en el Banco Mundial, pero también exploramos algunos aspectos del esfuerzo simultáneo en apoyo a la lucha en contra la minería en El Salvador. El caso legal a nivel internacional, fue sólo una estrategia de intervención – de las muchas que hay – utilizada por las corporaciones multinacionales involucradas. El esfuerzo de organización que pudo contrarrestar con éxito a todas estas estrategias, contiene lecciones valiosas para otras campañas en todas partes.

Solución de Controversias de Inversionista – Estado (ISDS)

El 2004, después de dos años de buscar oro en El Salvador, la Corporación Minera Pacific Rim solicitó permisos para comenzar actividades mineras cerca del río Lempa. Después de varios años de negociaciones, maniobras políticas y conflictos con las comunidades locales que costaron trágicamente la vida de cuatro activistas medioambientales –una de las cuales, Dora Alicia Recinos Sorto, estaba embarazada de ocho meses – la  solicitud fue rechazada por no haber cumplido con una serie de requisitos regulatorios necesarios, estableciéndose luego una moratoria a nivel nacional sobre todos los proyectos mineros nuevos.

La compañía pegó un grito al cielo. Sostuvieron que les hicieron creer que había apoyo del gobierno a su proyecto, y el cambio de la política minera era injusto e ilegal, por lo debían ser compensados ​​por un monto equivalente al valor de mercado del oro que no les dejaron explotar – 314 millones de dólares, que más tarde se redujo a 250 millones. Iniciaron entonces una demanda de Solución de Controversias Inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

El sistema ISDS existe más de 50 años. Sin embargo, es  en los últimos diez años que se ha convertido en un arma bastante utilizada por las corporaciones multinacionales. Durante este tiempo, el número de casos de ISDS han aumentado exponencialmente, estableciendo un récord inédito el año 2015, cuando se registraron  74 nuevos casos en sólo un año.

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Injusto, Insostenible y en las Sombras

Pacific Rim es una empresa canadiense, registrada al mismo tiempo en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. En su primer intento por llevar el caso de ISDS en contra El Salvador, la empresa trató de usar la protección de inversiones del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Centroamérica y la República Dominicana (DR-CAFTA). Para ello, estableció una dirección postal en el estado de Nevada. El 2012, el CIADI declinó su jurisdicción bajo el DR-CAFTA. En la decisión del Tribunal, Pacific Rim fue descrita como una “empresa fantasma” en los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de esta manipulación corporativa del sistema legal, el tribunal posteriormente mantuvo su jurisdicción bajo la ley de inversión local de El Salvador,  permitiendo que el caso prosiga. (Al año siguiente El Salvador enmendó esta ley, revocando a las corporaciones transnacionales la posibilidad de demandar al país en tribunales internacionales. Sin embargo, el proceso siguió su curso).

Para el 2013, Pacific Rim estaba en problemas financieros y fue absorbida por Oceana Gold de Australia. A finales del 2016, después de una larga campaña internacional, el tribunal del CIADI finalmente falló en contra de la compañía y le ordenó pagar 8 millones de dólares, una parte de los más de 12 millones por concepto de costos legales en los que incurrió el estado salvadoreño.  El fallo fue acogido como una gran victoria para las luchas sociales, tanto en El Salvador como a nivel internacional.

Este fallo llegó después de varios años de campaña internacional, allanando el camino para la prohibición absoluta de la minería metálica en el país, que se dio unos meses más tarde. La campaña contiene una serie de lecciones – particularmente en lo que respecta a cómo podemos conectar las luchas locales y globales de manera eficaz.

Narrativas y mensajes

Nunca debemos subestimar una narrativa poderosa. Esta verdad universal para los activistas, fue también una de las principales lecciones para nuestros entrevistados.

La minería contamina y mata. Crédito: Genia Yatzenko

Agua y Soberanía – Conectando temas locales con temas sistémicos

La historia de la lucha de una pequeña nación centroamericana que estaba poniendo la salud de su población por encima de los beneficios de la minería de oro, con seguridad iba a llamar la atención a nivel internacional. Pero, combinada con las formas en que las instituciones internacionales estaban siendo manipuladas en favor de los intereses corporativos, iba a convertirla no sólo en una poderosa narrativa unificadora, sino en una historia que todo el mundo querría contar.

En palabras de Manuel Pérez-Rocha, “pudimos unir los hilos de esta narrativa, conectar el agua, la salud y la defensa local de los recursos y el territorio a la imposición del poder corporativo mediante instrumentos como el CIADI… todos trabajamos con base a esta narrativa”. Para Pedro Cabezas, esta narrativa coherente refleja “la visión compartida de todos los actores involucrados en la lucha”. De esa forma se proporcionó un importante referente de unidad para los activistas.

Si la dividimos en dos, la primera parte de esta narrativa fue sobre el agua, siendo los puntos más destacados: El Salvador es un país con estrés hídrico; Las condiciones no son adecuadas para la minería en El Salvador; La contaminación de la minería pone en peligro nuestro agua y por lo tanto nuestra salud; La minería pone en riesgo el río Lempa, la principal fuente de agua para más de la mitad de la población.

Mientras Pacific Rim-Oceana Gold y los defensores de la minería intentaron en forma predecible enmarcar el tema como una cuestión económica – “parece obvio que un gobierno con recursos tan limitados recurra a su riqueza mineral subterránea” – la campaña logró llevar al foco de debate a la defensa local del agua y la salud – tanto en a nivel local como internacional.

Para Cabezas “enfocarse en la defensa del agua iba a resonar en todos los niveles –político, social, académico y económico …  por la grave crisis de agua que atraviesa el país… una crisis ampliamente documentada no sólo por el gobierno e Instituciones académicas locales, sino también por organismos internacionales como la ONU “.

Para Jen Moore, relacionar la idea de que “el agua es más preciosa que el oro”… y  “los injustos medios con los que las corporaciones cuentan para intimidar a los países en la economía globalizada”, proporcionó una verdadera coherencia entre lo local, lo nacional y lo internacional. Y tener una narrativa que combinaba las preocupaciones locales con las globales, significaba que una verdadera diversidad de grupos podrían involucrarse en el tema, desde una diversidad de puntos abordajes y perspectivas.

Protesta en El Salvador. Crédito Genia Yatzenko

La segunda línea de la estrategia de mensajes era centrarse en el tema de la soberanía y la autodeterminación. Se está privatizando la justicia a favor de los grandes negocios/tribunales irresponsables dominados por las corporaciones/un arma para que las corporaciones del Norte utilizan para presionar a los gobiernos: todas estas formas de caracterizar el sistema de libre comercio y las reglas de inversión, resonarían fuertemente en cualquier contexto. Pero en América Latina poscolonial, en un país muy acostumbrado a la agresión del Norte, era particularmente poderoso.

Trabajando con expertos de la sociedad civil internacional, como el Centro de Derecho Ambiental Internacional, el Instituto de Estudios Políticos, Mining Watch y Oxfam, así como académicos de la Universidad de Centroamérica – UCA en El Salvador, la Universidad Americana y otros, la campaña fue capaz de consolidar su análisis del sistema de comercio e inversión a través de una sólida investigación.

Este sistema complejo se tradujo entonces a términos comprensibles para los no expertos, haciendo que la conexión fuera muy clara entre el régimen de comercio e inversión y las cuestiones que afectan directamente a la vida de las personas, como el agua y la salud pública.

Por ejemplo, cuando la abogada salvadoreña Yanira Cortez visitó Canadá en 2015, reiteró en varias ocasiones que la cantidad reclamada en compensación por Pacific Rim en el caso del ISDS, equivalía a tres años del presupuesto salvadoreño nacional combinado destinado a la salud, educación y seguridad pública.

Entregar el mensaje – Hacerlo emblemático

Una narración clara y basada en la evidencia, es tan poderosa como las formas en que se la difunde y amplifica.

Si realizamos una búsqueda en Google con los términos ‘Pacific Rim’ y ‘El Salvador’, obtenemos más de 359.000 resultados (y más de 159.000 si buscamos  ‘Oceana Gold’ y ‘El Salvador’). Los datos hablan por si mismos. El caso ha sido cubierto por una diversidad de medios internacionales, como la revista  Nation (varias veces), el periódico británico Guardian (varias veces), el  Huffington Post, el Financial Times, el periódico estadounidense Washington PostCBCReuters, el internacional New York Timesla BBC, el London Review of BooksCounterPunch y  Upside Down World – sin olvidar otros como el Xinhuanet de  China y Kalikasan de las Filipinas, Le Monde en Francia, Al Jazeera, y TeleSur.

Incluso una canción folk habla sobre el caso.

El alcance de la cobertura que alcanzó el caso fue el resultado de trabajar con una multitud de aliados diversos, por un lado, y por otro, conectando el caso a las campañas internacionales sobre temas relacionados. Estos incluyeron debates sobre los nuevos acuerdos de libre comercio como el TPP y el TTIP; también sobre la forma en que la minería y el agua se relacionan con el cambio climático y otros debates más amplios sobre sostenibilidad; así como cuestiones relacionadas con la responsabilidad corporativa y los derechos humanos. Posicionar el caso en el imaginario social internacional como símbolo de alguna de estas luchas más amplias, ayudó a convertir esta lucha basada en un país pequeño en un poderoso símbolo mundial.

Un resultado muy concreto de la amplia cobertura internacional que se logró, es que  los actores locales en  El Salvador, incluidos los políticos, se vieron obligados a tomar una posición sobre el tema.

Según Saúl Baños “muchos medios de comunicación locales son cooptados al servicio de las élites locales… el caso estaba recibiendo más atención fuera del país que en el interior”. Para él, la persistencia de los aliados internacionales en elevar el perfil del tema “no sólo ayudó a explicar los riesgos del sistema ISDS, sino que también significó que los políticos locales no puedan evitar la cuestión”.

Otro resultado fue la presión indirecta sobre el propio tribunal del CIADI. Dado el perfil del caso y la cobertura que recibía, no es de extrañar que uno de los tres miembros del tribunal comentara después, de manera extraoficial, que “la presión de la sociedad civil en este caso ha sido esencial”. Al final, ellos estaban juzgando no sólo un caso basado en un tema local, sino todo lo que el caso llegó a representar después de varios años de “globalización de la lucha”.

Alianzas y Solidaridad

“Si bien las comunidades desempeñaron un papel de liderazgo en sus territorios, no terminó allí – [la lucha] fue nacional, y luego fue global”. Pedro Cabezas.

Dada la naturaleza del caso de El Salvador, con un frente en el territorio en Centroamérica y el otro internacionalmente, era inevitable que un grupo diverso de actores estuviera involucrado. Lo que era menos claro, sin embargo, era lo amplio y diverso que se convertiría, y cómo esas alianzas funcionarían.

Fuerza en la diversidad

Desde los activistas antimineros de Canadá a la jerarquía de la Iglesia Católica de El Salvador, y desde el Sindicato Marítimo de Australia a la Universidad Centroamericana, para nuestros entrevistados, una de las principales lecciones de la campaña provino de trabajar junto a un grupo extremadamente diverso de Aliados.

Para Vidalina Morales: “no es muy común que las comunidades estén de acuerdo con el Estado. En cuanto a la demanda [del ISDS], las comunidades y sus organizaciones pudieron encontrar una causa común junto con el Estado y sus abogados defensores; Todos estábamos en estrecha coordinación”.

En la etapa de cierre del caso de ISDS, por ejemplo, mientras la empresa estaba haciendo todo lo posible para posponer el resultado y buscar una solución negociada[i] con el gobierno (Es decir, algunas concesiones políticas, o permitir que la mina de oro continúe), se organizaron protestas simultáneas coordinadas por grupos de la sociedad civil fuera de las oficinas del Banco Mundial en Washington DC y en San Salvador, exigiendo que el tribunal no demorara más y diera su resultado final. Al mismo tiempo el gobierno y sus abogados exigían  lo mismo en el interior del  tribunal. Una semana más se emitió el fallo en favor de El Salvador.

Trabajar de la mano con el bufete internacional de abogados, Foley Hog, fue otra revelación para nuestros entrevistados. Según Pérez Rocha,  en el tiempo en el que se esperaba la decisión del tribunal del CIADI, Foley Hog estaba “muy abierto a la colaboración con la sociedad civil, determinando las mejores maneras de ejercer presión colectiva sobre el tribunal”. Ver a un equipo de abogados en temas de inversión codo a codo con grupos de la sociedad civil, sorprendió a los activistas que estaban muy acostumbrados a ver a los bufetes de abogados como  parte del problema.

Pérez Rocha también se sorprendió por algunas otras oportunidades de colaboración. Quizás el más inesperado de éstos, fue con el departamento de estado de los EEUU. En las primeras etapas del caso del ISDS, después de una presión del bufete de abogados que representaba a El Salvador y los grupos de la sociedad civil, el Departamento de Estado accedió a presentar una opinión informada al tribunal del CIADI, en el sentido de que Pacific Rim en los EE.UU. era considerada una empresa fantasma y no debía ser protegida por el CAFTA – una opinión con la que el tribunal estaría más adelante de acuerdo.

Para Pérez Rocha, esto era una prueba más de que “[la campaña] era una confluencia de actores de muy diferentes tipos -no se trataba sólo de una lucha de la sociedad civil- trabajábamos metódicamente con funcionarios gubernamentales, con el bufete de abogados, con la iglesia”.

El rol de la coordinación

Si bien la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador tiene su propio mecanismo de coordinación – un comité integrado por representantes de cinco de las once organizaciones centrales asume el rol –, la coordinación con toda diversidad de aliados internacionales implicaba nuevos desafíos.

Durante dos años, entre 2013 y 2015, Pedro Cabezas fue responsable de la coordinación entre los aliados internacionales y la Mesa Nacional en El Salvador. Para él, contar con esta función les permitió mejorar la comunicación entre las dos redes.

Al mismo tiempo, se estableció un grupo denominado Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador, coordinado principalmente por Mining Watch Canadá y el Instituto de Estudios Políticos (IPS), que mantiene comunicación con la Mesa Nacional en El Salvador. Los Aliados Internacionales tienen reuniones mensuales y las principales decisiones se envían a la Mesa Nacional para recibir comentarios. Un sitio web, redes sociales y listas de correo se utilizan para comunicar las actualizaciones de campaña.

A pesar de estos mecanismos de coordinación, para Jen Moore, uno de los retos más grandes fue el de “mantener una buena comunicación fluida entre los aliados internacionales y las organizaciones nacionales y locales… requiere mucha predisposición y esfuerzo”. Estos desafíos se superaron gracias a “las visitas entre los países, con las reuniones regulares y haciendo un esfuerzo real para mantener una comunicación permanente”. Esto les permitió perfeccionar continuamente la estrategia y permitió que los aliados internacionales se prepararan en los momentos cruciales de la campaña.

Jen Moore también es consciente de que esta coordinación es mucho más fácil cuando hay ONG´s con personal remunerado involucrado. Esto les permitió, por ejemplo, dedicar el tiempo necesario para coordinar con otros grupos canadienses y mantener un vínculo permanente con la coalición internacional y la Mesa Nacional. “Estos procesos no son bonitos. Las diferencias siempre surgen, pero mostramos que con una coordinación realmente intencional, se puede lograr mucho”.

“Dos tipos de solidaridad”

Según Pedro Cabezas, dado que muchos de los grupos que trabajan en la campaña internacionalmente tienen una historia de trabajo en El Salvador que data de la guerra civil del país (1980-92), establecieron relaciones personales y de trabajo con los miembros de la Mesa Nacional. Grupos como Ciudades Hermanas, la Fundación Share, CISPES y Oxfam de los Estados Unidos; SalvAide de Canadá; Y la Iniciativa Cristiana Romero de Alemania tenía una historia de trabajo en derechos humanos durante la guerra, incluyendo el apoyo a los refugiados (muchos de los cuales volverían a formar parte de las comunidades que ahora resisten a los proyectos mineros). Según Cabezas “su rol había evolucionado a lo largo de los años y cuando llegó la minería, vieron que el abuso a nivel internacional provenía de la corporación – y se involucraron”.

Protesta en Canadá contra el caso de ISDS. Crédito. Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador.

Según Pérez Rocha “había mucho margen de maniobra y mucha flexibilidad por la confianza que existía entre las organizaciones y la Mesa”.

La organización de Pérez Rocha, el Instituto de Estudios Políticos (IPS), había otorgado su prestigioso Premio Letelier-Moffitt a la Mesa de El Salvador en 2009. Al aceptar el premio en Washington DC., Vidalina Morales dijo que se trataba de un importante acto internacional de reconocimiento, que mostró “la naturaleza justa, digna y legítima de nuestra lucha”. El premio significó un paso importante en la consolidación de la relación entre la Mesa y el IPS, que sería crucial en la campaña internacional contra la demanda en el CIADI.

Para Vidalina Morales, “el apoyo activo de la comunidad internacional es fundamental para las luchas de nuestro pueblo. Para nosotros no hay duda de que esta es la única manera en que podremos avanzar en el proceso emancipatorio de nuestro pueblo. La solidaridad es más necesaria y urgente que nunca”. Para Morales, la solidaridad es “algo que nos permite estar al lado de la otra persona tanto en los buenos tiempos como en los tiempos difíciles… la solidaridad es apoyo mutuo”.

Pérez Rocha describió “dos tipos diferentes de solidaridad”. Para él, uno de estos es más común entre las agencias de desarrollo, en donde existe una relación vertical entre los donantes y las comunidades que financian. Y el otro, al cual se adscribe, es cuando “el dinero no está en el centro de la relación; [En estas relaciones] hay una lucha global con objetivos compartidos”.

Cabezas está de acuerdo, “cuando los donantes y las agencias de desarrollo están involucrados, a menudo quieren determinar la estrategia, y esto a veces causa conflictos”. Cuando se le preguntó acerca de cómo se superó eso en la campaña, dijo que “a través de una negociación cuidadosa y constante, y mucha paciencia”. Para Cabezas, los grupos internacionales “deberían comprometerse con el caso en sus propios espacios, por ejemplo. Al ser la empresa canadiense significaba que había un rol para los canadienses… pero debería darse prioridad y canalizar las voces de las comunidades en el territorio”.

Para Jen Moore, el rol de las organizaciones internacionales de solidaridad fue bastante claro: “permanecer en comunicación, mantenerse informado, visitar El Salvador cuando sea posible y luego mantener informados a nuestra propia base social y a los medios … para contrarrestar las mentiras y falsedades de las empresas”. Hacer conexiones a nivel internacional fue otro rol. “Teniendo en cuenta que trabajamos en diferentes partes del mundo, hemos podido facilitar contactos para que la delegación de las comunidades afectadas en Filipinas pueda compartir sus experiencias con la misma empresa”.

Objetivos complementarios

Para Pérez Rocha, otro factor importante para fortalecer las alianzas con grupos locales, fue comunicar de manera oportuna que el trabajo de IPS se centraba en el poder corporativo y el sistema de comercio e inversión a nivel internacional. En ese sentido, fortalecer y elevar una campaña como la de El Salvador, en contra del sistema ISDS en el Sur global, contribuyó tanto a los objetivos de la Mesa Nacional como a los objetivos más amplios de la campaña internacional de IPS. Esta comprensión común de cómo estas diferentes metas se complementaban mutuamente era crucial para globalizar la lucha, de forma que apoyara los objetivos globales de todos.

De acuerdo con Jen Moore tener claridad sobre los objetivos a largo plazo facilitó el abordaje de diferencias de opinión sobre las tácticas y objetivos a corto plazo. La claridad del objetivo a largo plazo – prohibir la minería metálica en El Salvador –,  “fue fundamental para orientar la campaña internacional”.

Acciones

Para nuestros entrevistados, contar con una narrativa clara y poderosamente amplificada, que conectaba los temas locales y globales, por un lado, permitiendo invertir  tiempo, energía y recursos en la consolidación de alianzas, por el otro, fueron las bases para la construcción de la exitosa campaña internacional. También les preguntamos acerca de algunas de las acciones específicas que consideraban particularmente clave para mantener el ímpetu y la presión.

Nos dijeron que asistieron a las Reuniones Generales Anuales de la compañía para presionar a los accionistas; Organizaron protestas en Canadá y Australia; Acciones en las oficinas del Banco Mundial en Washington DC y en San Salvador; Una carta abierta al jefe del Banco Mundial en 2011 firmada por 244 organizaciones internacionales de la sociedad civil; Otra el año 2014 firmada por más de 300 grupos internacionales; Dos escritos de Amicus Curiae / Amigos de la Corte presentados al tribunal del CIADI en 2011 y en 2014; Protestas en las embajadas canadienses tanto en El Salvador como en los Estados Unidos; El informe de 2014 Desmintiendo 8 falsedades de Pacific Rim / Oceana Gold; El Mes de Acción 2014; El informe de 2016 sobre minería y su supuesta “responsabilidad social corporativa” en El Salvador; Y una carta abierta más reciente a Oceana Gold exigiendo que pague lo que debe al Salvador y abandone el país, firmada por 280 organizaciones de todo el mundo.

Si bien todas estas acciones durante la campaña fueron significativas, nuestros entrevistados dieron especial énfasis a algunas iniciativas internacionales adicionales.

Delegaciones y Visitas – Tejiendo una red de Solidaridad

La más significativa de las varias visitas a El Salvador organizadas por los aliados internacionales, según nuestros entrevistados, fue el viaje de investigación realizado el 2013. Una delegación de 45 personas de 22 organizaciones de 12 países participó en cinco días de conferencias y talleres de estrategia y visitas a los municipios afectados por la minería en el norte del país. Se produjo un documental llamado  ‘Oro o Agua’ a raíz de esta experiencia, que según Pérez Rocha “fue un hito en la campaña, ya que fortaleció los vínculos entre las personas de las organizaciones internacionales con los grupos salvadoreños”.

Hubo también varias visitas al norte global de compañeros salvadoreños. Éstos incluyeron el viaje a Norte América el 2013 y el 2015 a Canadá con temas destinados a detener la demanda. Para Jen Moore, esto era importante “para mantener las conexiones con personas que trabajan en solidaridad con El Salvador en Canadá”. Para ella, llevar las voces de las comunidades afectadas directamente a los países de origen de las empresas involucradas era una poderosa manera de mostrar al público y a las autoridades su “complicidad en las estructuras que causan estos problemas”.

Una vez que Oceana Gold absorbió Pacific Rim, Vidalina Morales participó en el Water Not Gold Tour de Australia en 2013. En colaboración con los sindicatos australianos y otros grupos de la sociedad civil, pasó dos semanas difundiendo la historia del impacto que esta compañía australiana estaba teniendo en su país de origen. Los Aliados Internacionales también visitaron Filipinas el 2013 para fortalecer las conexiones con las comunidades afectadas por el proyecto de Oceana Gold, y para documentar los impactos de la minería allí.

Si bien los viajes internacionales a menudo están fuera del alcance de la mayoría de las comunidades afectadas por proyectos extractivos en América Latina, cuando hay una confluencia de intereses y objetivos, y por lo tanto de recursos disponibles, estos viajes son una poderosa manera de consolidar alianzas, construir confianza y aplicar presión sobre las empresas involucradas en su propia casa.

Llevando el caso a foros internacionales

Otra lección para nuestros entrevistados fue la importancia de llevar el caso a espacios institucionales internacionales.

Cuando los cinco activistas en contra de la minería fueron asesinados entre 2009 y 2011, el caso de El Salvador fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que emitió medidas cautelares contra el gobierno de El Salvador. Posteriormente el caso fue presentado en el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en Ginebra Suiza en 2014 con la ayuda de grupos como el Instituto Transnacional (TNI) y el Instituto de Estudios Políticos (IPS). Para Saúl Baños, si bien las sentencias del TPP no son jurídicamente vinculantes, “tienen peso político a nivel mundial y son una importante forma de aumentar poder”. También fue presentada una declaración describiendo las violaciones de los derechos humanos de Pacific Rim-Oceana Gold a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, también el 2014. Además el caso ha sido retomado por las organizaciones que promueven la construcción de un tratado vinculante de empresas y derechos humanos en la ONU.

Caso del ISDS de la protesta Los EEUU. Crédito. Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador

Para Saúl Baños, todas estas acciones fueron importantes para elevar el perfil del caso y posicionarlo en la agenda del gobierno: “ellos (el gobierno) temen cualquier tipo de sanción que provenga de un organismo internacional… es por eso que es importante (la acción global) para fortalecer aún más la solidaridad internacional”.

Cosechando los frutos

Las luchas de las comunidades locales en toda América Latina en defensa de sus recursos no son sólo asuntos locales. Los sitios de extracción de oro y otros minerales, de petróleo y gas, son sólo el eslabón inicial de una larga cadena de suministro de recursos que comienzan en lugares como El Salvador, pero a menudo terminan en economías de alto consumo que se encuentran muy lejos, principalmente en el Norte global. Los abusos de aquellos que controlan y se benefician de estas cadenas de suministro rara vez se enfrentan a una respuesta coordinada a nivel internacional. En el caso de El Salvador, sí sucedió.

Como movimientos internacionales, una de las principales cosas que nos dice la campaña de El Salvador, es que cuando tenemos un entendimiento claro y compartido de las formas en que las luchas locales e internacionales se relacionan y se complementan, podemos aprovechar la diversidad de nuestras relaciones, privilegios, fuentes de poder y recursos para lograr un mayor impacto.

Además, el caso nos deja otros dos conjuntos de elecciones generales.

La primera se relaciona con la campaña y la estrategia, en donde debemos tener siempre presentes  ciertos fundamentos de la actividad organizativa. Las narrativas poderosas arraigadas en las realidades locales, contadas y amplificadas bien, son una fuerza poderosa y unificadora. Las relaciones basadas en procesos de comunicación confiables y comprometidos (a veces laboriosos), son la columna vertebral de las alianzas efectivas. A medida que los grupos internacionales no se empeñaron en dictar una estrategia política a los actores locales, esta campaña demostró las formas efectivas en donde pueden aplicar presión política de forma indirecta, además de develar el rol crucial que desempeñan a la hora de llevar estas luchas a los países de origen de las corporaciones e instituciones involucradas.

El segundo tipo de lección se refiere a la lucha contra el propio sistema ISDS. En un comunicado tras conocer el fallo del CIADI, la Mesa Nacional declaró que “El Salvador no ‘ganó’ nada” – que simplemente no perdieron, algo que denota una diferencia. Al final del día, no existe un mecanismo idóneo para que estas comunidades puedan hacer responsable legalmente a las corporaciones por sus abusos en el territorio. Este sistema es como una ruta en un solo sentido.

En palabras de Vidalina Morales, “dado el daño ambiental, las pérdidas económicas, los conflictos sociales y la corrupción provocada por la presencia de la corporación en El Salvador, deberían haber sido los demandados (la empresa)… pero no, el perpetrador demandó a la víctima… es un mundo al revés”.

La Mesa también describió el sistema ISDS como “una forma de chantaje”, un mecanismo legal usado para presionar a los gobiernos con la amenaza de una acción legal, creando un “efecto congelador” en la aplicación de políticas responsables y de interés público. Sus decisiones se basan en las protecciones legales otorgadas a los inversionistas en los acuerdos de libre comercio y de inversión, y no tienen la obligación de equilibrar estos intereses con las preocupaciones sociales y ambientales legítimas de la población.

El contexto de El Salvador fue relativamente único. La moratoria minera lograda el 2009 significó que no se emitieran nuevos permisos en el período intermedio.  A partir de ello y a través de un proceso político lento, la demanda de la sociedad civil se fue cristalizando lentamente en torno a una prohibición total de la minería. Pero en otros países, en donde no existe tal moratoria y en donde ya se han dado cientos de permisos o licencias, los cuestionamientos de las comunidades y los gobiernos al modelo extractivista suelen ser demasiado tardías. Cuando eso sucede, cualquier cambio en las leyes locales o nacionales derivan en una avalancha de nuevos casos d demandas en el marco del ISDS – Colombia es un buen ejemplo. El caso de El Salvador deja muy claro que el avance en los objetivos urgentes de carácter ambiental y social, está íntimamente relacionado con el desmantelamiento del poder corporativo.

En cuanto al camino a seguir en el sistema ISDS, Pérez Rocha sugiere dos tareas urgentes. Una de ellas es levantar el velo de los detalles de los arreglos entre gobiernos y corporaciones en los casos del ISDS. Las estadísticas generales de los resultados de los casos del ISDS, con exclusión de estos arreglos, se utilizan regularmente para defender el sistema. Pero si podemos mostrar las formas en que estos arreglos también obligan a los gobiernos a poner los intereses corporativos sobre el bien público, podemos aclarar aún más las injusticias en el corazón del sistema.

La segunda es levantar nuevas campañas emblemáticas. Pacific Rim/Oceana Gold vs El Salvador y otros casos que han sido emblemáticos en los debates internacionales necesitan ser reemplazados por nuevos casos con alto perfil. Él ve una verdadera voluntad de seguir conectando otras luchas locales –relacionadas a proyectos extractivos en particular – a las campañas globales en contra del poder corporativo y el régimen de libre comercio e inversión.

En palabras de Pedro Cabezas, “¡tenemos que seguir globalizando la lucha!”.

[i] En el ámbito de las industrias extractivas, la mayoría de los casos del ISDS terminan con una solución de algún tipo, es decir, concesiones políticas a las corporaciones, este es uno de los resultados menos comprendidos y más nefastos de todo el sistema ISDS.